El diputado Roy Cervantes alzó la voz para defender los jóvenes que, después de estudiar durante años y cumplir todos sus requisitos académicos, ven frenado su futuro profesional por un trámite que debería ser sencillo: la expedición de su título.
Para muchos recién egresados, estos retrasos significan perder oportunidades laborales, ascensos, becas y hasta plazas profesionales que requieren documentación inmediata.
Actualmente, la ley no establece un plazo obligatorio para que las universidades entreguen el título profesional una vez concluidos los requisitos. La iniciativa establece que ninguna institución educativa podrá tardar más de 180 días naturales en expedir el título, garantizando certidumbre, equidad y la posibilidad real de que los jóvenes ejerzan la profesión por la que se prepararon.
